La Cámara Federal de Tucumán anuló la falta de mérito del ex juez Arturo Liendo Roca y el ex fiscal Santiago Olmedo de Arzuaga
El Juez Liendo Roca (de saco blanco) en un acto en el Batallón de Ingenieros de Combate 141
Dos civiles más cerca del Juicio Oral
Molinari elevó a juicio oral la causa contra magistrados de la dictadura militar Arturo Eduardo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga
El pasado 16 de junio de 2015 el Juez federal de instrucción, Guillermo Molinari, elevó a juicio una causa contra ex funcionarios judiciales del terrorismo de Estado, los ex jueces y ex fiscales Arturo Eduardo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga, imputados por delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El requerimiento de elevación a juicio había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Dr. Antenor Ramón Ferreyra, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en representación de querellantes particulares.
Ambos ex funcionarios están acusados, además, por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita, que conllevarían penas más altas. Tanto Liendo Roca como Olmedo de Arzuaga, fueron mencionados en los tres juicios de lesa humanidad realizados en Santiago del Estero donde se condenó a Musa Azar. Sin embargo, el expediente regresó a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán debido a la apelación que interpuso la defensa de los letrados y sólo se elevó a juicio parcialmente (o por los delitos arriba mencionados).
El Dr. Antenor Ferreyra, querellante, miembro de la APDH y presidente de la Delegación de Santiago del Estero, se mostró satisfecho con la resolución del Juez Molinari y dijo que él opinaba que “con los primeros juicios se avanzó aparentemente al condenar a las caras más visibles de la represión, como Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López y el militar Jorge D’Amico. Pero lo que estamos pidiendo con las querellas y otros organismos es que se juzguen a quienes estaban detrás de esas caras. El Poder Judicial, así como otros civiles empresarios o integrantes de la Iglesia, colaboraron con la dictadura y algunos aún lo hacen”.
Ahora, sólo falta esperar que se integre el Tribunal. Y eso es una gran preocupación para los querellantes y organismos de Derechos Humanos. La Cámara Federal se encuentra con sus tres cargos vacantes desde hace años, y siempre se resolvió la integración de los tribunales de juicios con camaristas de otras provincias.
Antenor Ferreyra manifestó que "si bien los delitos por los que serán juzgados los ex magistrados federales no son los que hemos pedido como querellantes, ni los que se corresponden con la realidad de su actuación, socialmente será un juicio de una significación mayúscula, porque la justicia federal siempre ha estado en manos de las familias 'patricias' provinciales".
