APDH se pronuncia rechazando la baja de la edad de imputabilidad y exigiendo una verdadera política de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Ante la nueva mención en los medios de posibles proyectos para bajar la edad de imputabilidad penal por debajo de la actual -16 años cumplidos- la APDH reitera su más enérgico rechazo y exige que por el contrario se recupere el terreno perdido en la actual gestión provincial y se profundice la aplicación de la Convención por los Derechos del Niño con verdaderas políticas integrales de promoción y protección de derechos en todo el país.
La APDH denuncia que las prácticas del gobierno provincial son represivas, arbitrarias, y funcionales a la impunidad de los actores judiciales, políticos y de las fuerzas policiales y de seguridad.
Asimismo destaca la pérdida del capital social fundamental para lograr un verdadero Sistema de Promoción y Protección de Derechos, habida cuenta del maltrato recibido por las organizaciones no gubernamentales y sus profesionales y técnicos. Se trata del incumplimiento del pago de los convenios firmados, y de medidas administrativas que sólo sirven para obstaculizar y perjudicar a quienes vienen sosteniendo a los sectores más vulnerados.
Nuevamente varios candidatos a cargos legislativos, gobernantes hoy muchos de ellos, presentan como propuestas de campaña proyectos de “baja de la edad de imputabilidad penal”, en pos del objetivo desesperado de dar supuestas soluciones a los problemas que acarrea la inseguridad.
Pareciera que la InSeguridad estuviera ocasionada por los niños y los jóvenes; pareciera que la Seguridad se lograra haciendo que más niños y jóvenes puedan ser alcanzados por el sistema penal.
Observamos que esas propuestas legislativas son promovidas por candidatos de la Provincia de Buenos Aires, y utilizadas falazmente por distintos medios de comunicación.
La práctica gubernamental de la Provincia de Buenos Aires no garantiza políticas públicas universales de inclusión; sino más bien se destaca por su faz represiva, por la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos por sobre la promoción de derechos; siendo esa práctica funcional a la impunidad en el accionar judicial, policial y político.
En ese marco los más perjudicados son los grupos excluidos.
La persecución penal de niñas, niños y adolescentes, la privación de libertad como medida excluyente y en condiciones indignas, no son políticas públicas con enfoque de derechos, ni de promoción de la responsabilidad social sino por el contrario hieren la subjetividad del ser humano y lo alejan del ejercicio ciudadano.
La baja en la edad de imputabilidad no se trata de una iniciativa para atender a la infancia sino para marginarla más aún bajo el discurso perverso de que hay que defenderse de ella. De aprobarse, el resultado sería no sólo que "la inseguridad" no disminuiría sino que además se agravaría para los niños, niñas y adolescentes vulnerados.
Asimismo quien quiera analizar el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil y de las condiciones de ejecución de la privación de libertad de adolescentes y jóvenes, descubrirá que a pesar del imperio de un sistema de responsabilidad penal juvenil estamos distantes de efectivizar prácticas subjetivantes y superadoras.
La actual gestión de Niñez lejos de mejorar al incipiente sistema de promoción y protección de derechos que asumió hace más de cuatro años, lo ha desarticulado y vaciado de sentido real.
Este verdadero retroceso no ha producido males aún peores sólo porque las organizaciones comunitarias y no gubernamentales han sostenido con grandes esfuerzos a lo más vulnerado de la niñez provincial.
Sin embargo, la provincia ha maltratado a estas entidades con el permanente incumplimiento de los pagos de becas a los que se había comprometido cuando firmó los respectivos convenios. Estos atrasos e incumplimientos han significado para el sistema social de derechos la pérdida de muchos profesionales y técnicos cuya experiencia y formación había llevado años de múltiples actividades en distintas redes. Paralelamente, el personal estatal sumado en esta gestión se compone en gran medida de gente sin formación ni experiencia previas en estas problemáticas específicas.
Reclamamos que las candidatas y los candidatos promuevan acciones en el marco de la efectiva asunción de la corresponsabilidad que nos cabe a los adultos con respecto al cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes.
Reclamamos que los medios de difusión no contribuyan a la reproducción de discursos represivos y estigmatizantes.
Reclamamos que se rechacen las acciones y omisiones que resultan funcionales a la impunidad de los gobernantes, legisladores, fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios de la justicia.
Reclamamos que haya verdaderas políticas de seguridad para la ciudadanía, que se correspondan con una sociedad más justa y equitativa para un ejercicio cada vez más pleno de sus derechos tanto en el centro de las ciudades como en los suburbios, tanto en los sectores campesinos como en las comunidades indígenas.
La inseguridad nos preocupa como a todos, sólo que no aceptamos la falsa opción entre derechos humanos y seguridad; así como rechazamos el sacrificio de chivos expiatorios, sean éstos los niños, niñas y adolescentes, los consumidores de drogas ilegales, los extranjeros, los villeros, o cualquier otro sector al que se quiera culpar de los males que produce el sistema social en el que vivimos.
Mesa Directiva
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013