Repudio a la criminalización de la protesta y libertad a Milagro Sala
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional y todas sus Regionales, expresan su total repudio a las prácticas inconstitucionales llevadas a cabo por el gobierno de Jujuy, que junto al Poder Judicial y su policía, intentan criminalizar la protesta social pacífica, al ordenar la detención de la militante social Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru y Diputada del Parlasur recientemente electa.
Milagro representa al movimiento de los marginados de Jujuy que tanto han hecho con su organización - en estos años - para mejorar la postergada calidad de vida de sus habitantes.
Entendemos esta actitud como una acto de provocación a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran, libertad de expresión que todos hemos podido ejercer en los últimos años, incluso aquellos medios masivos de comunicación que en más de una ocasión estuvieron al borde de la conspiración.
La APDH solicitó audiencia al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Lic. Rogelio Frigerio, para hablar de este tema, preocupada por la búsqueda de una solución sin recibir respuesta alguna al día de la fecha.
Hacemos responsables a las autoridades jujeñas por el cuidado y la integridad física de todas la personas, detenidas o no, vinculados con el “acampe” del movimiento del pueblo jujeño, que sólo defienden su derecho al trabajo digno en las cooperativas creadas a partir de una clara y efectiva política social.
Por tal motivo, llamamos a las autoridades del Estado a establecer caminos de diálogo dentro del Estado de derecho, con la protesta social y los organismos de DDHH, donde debe estar garantizado el derecho a la libertad de reunión y expresión de las personas en los espacios públicos, sin restricciones ni discriminaciones.
Exigimos la inmediata liberación y protección a la vida, salud e integridad física de Milagro Sala por parte del Estado provincial de Jujuy y el Estado Nacional.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 17 de enero de 2016