La APDH reclama por el fin de la violencia contra las comunidades campesinas e indígenas santiagueñas

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nos solidarizamos con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y condenamos terminantemente los hechos de violencia que constantemente llevan adelante empresarios, que de manera ilegal e ilegítima pretenden hacerse con el territorio que ancestralmente les pertenece a las comunidades campesino-indígenas. Dicha situación ha quedado expuesta –una vez más- en el video filmado el día 12 de septiembre de 2014 en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno, Provincia de Santiago del Estero (Nueva amenaza de muerte contra miembros del MOCASE). En el mismo puede observarse y escucharse al empresario Américo “Raco” Argibay, amenazando de muerte a miembros de la organización campesina MOCASE, y efectuando un tiro al aire luego de extraer de su pantalón una pistola y expresar que con ella los “reventaría”, porque con “esos hay que terminar”.
 
El suceso tuvo lugar en momentos en que personal de la Dirección de Bosques y del Comité de Crisis de la Provincia de Santiago del Estero estaba notificando al empresario de haber constatado las denuncias sobre desmonte ilegal y usurpación de territorio comunitario que desde el año 2013 venían haciendo las más de 10 comunidades que viven en la zona ante dichos organismo y ante los juzgados provinciales del Crimen de 3era Nominación (juez Darío Alarcón), de 4ta Nominación (Miguel Angel Moreno) y de 5ta (Rosa Hortencia Falco). Asimismo, en las expresiones del empresario quedan claras las vinculaciones que existen entre los empresarios, la policía provincial y sectores políticos (según afirma el comunicado publicado ante el hecho por el MOCASE, Argibay es delegado en la zona del Ministerio de la Producción de la Provincia que comanda Luis Gelid) que hacen posible la continuidad de este tipo de prácticas violentas en las que toman parte bandas armadas para-estatales. Son justamente esas bandas al servicio de empresarios agrícolas las que asesinaron en noviembre de 2011 a Cristian Ferreyra en el paraje San Antonio departamento Copo, y a Miguel Galván en octubre de 2012 en el paraje Simbol del mismo departamento provincial.
 
Por su parte, también denunciamos y condenamos las expresiones vertidas por Argibay “aunque no sea por esto o por esto, en diciembre se arma quilombo, esto no va más”, dichos que encierran una amenaza al sistema democrático y a las autoridades legítimamente constituidas a nivel nacional y provincial.
 
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hacemos un llamado a los responsables políticos e institucionales de garantizar la paz y la seguridad de las comunidades campesinas, a tomar medidas urgentes tendientes a solucionar la situación en el marco del respeto de sus derechos. Lamentablemente el suceso denunciado no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso de hostigamiento sistemático sobre las comunidades que demanda de parte de las autoridades gubernativas y judiciales, nacionales y provinciales un plan serio y adecuado que tienda a brindar soluciones definitivas a una situación cada vez más crítica.
 

Mesa Directiva
Santiago del Estero, 16 de septiembre de 2014