Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
Después de 25 años de debate y negociaciones, la APDH celebra la aprobación de la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 29 de junio. “Estamos serenamente satisfechos con el logro obtenido,” dijo Horacio Ravenna de la APDH en un discurso al Consejo, “conscientes que el instrumento . . . muestra el estado del desarrollo actual del derecho internacional de los derechos humanos y el nivel de conciencia universal.” Además de la aprobación de la Convención por consenso, el Consejo también adoptó por votación la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Al afirmar que nadie será sometido a una desaparición forzada y tipificar la práctica sistemática de tal desaparición como crimen de lesa humanidad, la Convención trata específicamente un asunto que quedaba ambiguo en acuerdos anteriores. Todo estado que ratifique el instrumento se compromete a modificar su código penal para tipificar la desaparición forzada como delito, a investigar casos y a procesar los responsables. El instrumento niega la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen una desaparición forzada y no distingue entre su comisión por agentes estatales o los que actúan con el apoyo o la aquiescencia del estado.
Ravenna comentó en una entrevista con Radio Nizkor que el debate del comité de expertos fue “durísimo,” y algunos países expresaron dudas sobre los efectos en su autodeterminación. No obstante, la versión aprobada “ratifica la jurisdicción internacional, pero a su vez, dispone la responsabilidad de los estados como primario en la intervención. Siempre el derecho internacional es complementario,” agregó. Aunque la APDH apoyaba algunas medidas que no fueron adoptados (por ejemplo, el derecho a la verdad sin límites y la prohibición expresa de tribunales militares), Ravenna expresó su satisfacción con el resultado: “Esto para nosotros es un triunfo en la lucha después de 25 anos.”
Otros aspectos destacados de la Convención son las garantías del habeas corpus y el Artículo 8, conocido como el “artículo argentino,” lo cual exige que regimenes de prescripción reconozcan el carácter continuo del delito cuando la víctima sigue desaparecida. La definición de la víctima es también más amplia y puede abarcar parientes del tercer grado e incluso amigos del desaparecido. En su discurso al Consejo, añadió Ravenna, “Esta convención realiza un aporte trascendente al futuro desarrollo de los derechos humanos al establecer que cuando se verifique una practica sistemática y generalizada el Comité puede informar a la Asamblea General por intermedio del Secretario General.” El siguiente paso para la Convención es su consideración por la Asamblea General de la ONU en su sesión de septiembre, para lo que necesita 20 votos a favor.
La APDH también apoyó la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya aprobación después de 11 años de debate marca un paso adelante. Este instrumento reconoce los derechos de grupos e individuales de pueblos indígenas a la libre determinación, a desarrollar y transmitir a generaciones futuras sus tradiciones, historias e idiomas, y a participar plenamente en la vida económica, social y cultural del país donde viven, entre otros derechos.
La APDH seguirá trabajando por la creación de un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), lo cual establecería un mecanismo para denunciar violaciones de estos derechos e iniciar investigaciones por el Comité de DESC. Destacando la importancia de tal Protocolo al Consejo, Ravenna expresó, “El PF reafirmará la universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia de los derechos humanos restableciendo la igualdad jerárquica, aclarará las obligaciones de los Estados partes conforme al PIDESC, promoverá el desarrollo de jurisprudencia en el ámbito nacional, y principalmente establecerá un recurso internacional de reparación de las violaciones al PIDESC.” Al clausurar su primera sesión, el Consejo amplió el mandato del Grupo de Trabajo por dos años y encargó a la presidenta del grupo de preparar un borrador del protocolo.
Escuchar la entrevista a Horacio Ravenna en formato Mp3
