Carta al País
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebra el tiempo electoral que vivimos y la libre participación de la ciudadanía en la elección de nuevas autoridades para el próximo período de gobierno. Lo hacemos desde nuestra defensa histórica de la continuidad democrática y del efectivo respeto por los derechos humanos y por la voluntad popular.
Hoy nos planteamos como objetivo prioritario la lucha por la ampliación de todos los espacios democráticos, particularmente para los sectores sociales más postergados, para construir a una democracia mejor, lo que supone una revisión serena de lo conseguido hasta aquí y una clara jerarquización de lo que aún falta, en términos de esta plena vigencia de los derechos humanos.
Desde esta perspectiva valoramos la presencia del Estado y, como organización autónoma e independiente, seguiremos abocados al control de sus acciones y omisiones en materia de derechos humanos.
Partimos de la integralidad de los Derechos Humanos y afirmamos la centralidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como cimientos imprescindibles para afianzar el trabajo, la salud, el acceso a la vivienda digna y a la educación de nuestra población, para alcanzar la igualdad de oportunidades en los hechos además de la proclamada en el derecho.
Afirmamos la importancia de asegurar los beneficios en favor de los sectores vulnerables y vulnerados de la población, los avances previsionales, la extensión de los derechos adquiridos y la continuidad de las convenciones paritarias laborales.
El trabajo digno es un derecho inalienable. Pese al descenso de la tasa de desocupación siguen siendo preocupantes los niveles de trabajo no registrado y del trabajo precario. El desempleo juvenil y las condiciones de informalidad de los que están empleados nos interpelan y comprometen a seguir la lucha por una mayor equidad e inclusión.
Denunciamos los derechos vulnerados en el trabajo esclavo, la explotación, la trata y el tráfico de personas. Propiciamos que en toda legislación sobre trabajo esclavo, explotación, trata y tráfico de personas se enfatice la defensa de los derechos humanos de quienes resulten afectados y la restitución de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Ante el panorama sanitario actual ratificamos la necesidad de marchar hacia un sistema único de salud garantizado por el Estado. Denunciamos la naturalización de la conculcación de derechos que emana de la mercantilización creciente en la provisión de servicios desde el área privada.
Exigimos el efectivo cumplimiento y/o reglamentación del plexo de leyes de derechos en salud: Producción Pública de Medicamentos, Agencia Nacional de Medicamentos, Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Propenderemos a la sanción de una Ley Nacional de Salud y a la actualización de las leyes de discapacidad en consonancia con la Convención Internacional.
Como condición necesaria para el sostenimiento de las instituciones democráticas, exhortamos al gobierno a actuar –respetando los derechos humanos– contra la consolidación de organizaciones criminales que, en ocasiones, parecen concentrar tanto o más poder que el estado mismo, en particular aquellas dedicadas al narcotráfico. Tal acción deberá ser precedida por un diagnóstico riguroso sobre las causas del fenómeno y ceñida al planteo de soluciones integrales.
Apoyamos la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y reclamamos la plena vigencia de la legislación referida a la educación sexual integral y a la salud sexual y reproductiva. Exhortamos a todos los gobiernos provinciales a que garanticen la plena vigencia del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE)
En materia educativa, reclamamos para todos los habitantes del país la igualdad de condiciones en el acceso, permanencia y egreso en todos los niveles del sistema educativo y la posibilidad durante toda la vida de desarrollar una educación permanente.
Defendemos la gratuidad y laicidad de la educación como condiciones necesarias para el logro de la erradicación de todo tipo de discriminación. El respeto a la diversidad es condición necesaria para el logro de una sociedad democrática basada en el conocimiento y la práctica de la integralidad de los derechos humanos.
Reafirmamos que la educación y la salud, son derechos sociales y no mercancías. Las instituciones estatales son las que deben garantizarlos. Para el logro de la universalidad y efectivo ejercicio de los derechos es prioritario que todas las jurisdicciones (la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) cumplan con la obligación de destinar el presupuesto necesario.
Nos sumamos al repudio de toda forma de cosificación y maltrato a la mujer como consecuencia de la violencia de género y la impunidad machistas, rasgo cultural de vieja data que debemos contribuir a modificar. Y solicitamos la aplicación plena de la ley de prevención y sanción de la violencia de género y el monitoreo de los resultados de esta aplicación.
Respecto de niñez y adolescencia, destacamos el progreso que significó la sanción en el año 2005 de la Ley 26.061 que marcó el inicio de un nuevo paradigma que como nota distintiva estableció la creación de un Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos. Expresamos nuestra alarma y repudio al deterioro de las condiciones de internación de niños, niñas y adolescentes y al desfinanciamiento del denominado sistema de abrigo que se verifica en algunas jurisdicciones del país.
El Sistema Integral de Promoción y Protección, transcurridos diez años, aún no tiene plena vigencia por falta de asignación de recursos, a lo que debe sumarse la demora en la puesta en funcionamiento de una pieza fundamental tal como la figura del Defensor del Niño.
La brecha que existe entre la legislación de avanzada en la protección de niños, niñas y adolescentes y las condiciones reales de tal protección en la práctica, nos compelen a denunciar las responsabilidades gubernamentales del estado en los niveles nacional, provincial, CABA y municipal.
Reclamamos a todos los niveles del Estado –nacional, provincial y municipal– el total reconocimiento y respeto a los Derechos de los Pueblos Originarios que, a pesar de algunos avances, siguen sufriendo discriminación, negación de sus derechos territoriales, judicialización de sus justos reclamos, carencias de acceso a la justicia, falta de atención médica, respeto a sus culturas, educación y oportunidades de trabajo y desarrollo.
Reconocemos que la colonización es responsable de un doble genocidio: la muerte masiva de los integrantes de los pueblos originarios y la conculcación del derecho a la libertad de culto de los indígenas sobrevivientes.
Dado el contexto internacional, son cada vez más necesarios la perspectiva de derechos humanos en las migraciones y el respeto a los derechos de los migrantes. En este sentido, destacamos la política migratoria argentina y el reconocimiento del derecho humano a migrar en nuestra legislación. Sigue pendiente avanzar en la adecuación normativa en distintos niveles del estado –provincial y municipal– y en las políticas que garanticen los derechos de quienes quieran habitar el suelo argentino.
Los consumos problemáticos de drogas son un tema de salud y no policial y, por lo tanto, deben ser atendidos por el sistema público de salud. Exigimos el respeto a las libertades individuales y actos privados como reza el artículo 19 de la Carta Magna; y la descriminalización del autocultivo de marihuana para uso personal, recreativo, terapéutico e industrial del cannabis. Exhortamos a los poderes ejecutivo y legislativo a distinguir en los cuerpos normativos y en sus aplicaciones la fuerte diferencia entre delitos del narcotráfico y el consumo particular de drogas. Esta confusión habilita prácticas de control social de la población por parte del aparato represivo del estado.
Propiciamos un sistema económico solidario y social que esté al servicio del bienestar de la población, que impulse una progresiva y justa distribución de la riqueza y los ingresos y que estimule nuevas formas de propiedad para contribuir a la democratización de la economía.
Hacer frente a la deuda interna requiere la profunda reforma del sistema tributario que promueva una firme equidad social incrementando los impuestos a las grandes ganancias y patrimonios, al consumo suntuario y a la renta financiera y minera a fin de eliminar progresivamente los impuestos indirectos que gravan el consumo popular. Sigue pendiente la reformulación de la ley de entidades financieras y bancarias para que respondan, como servicio público, a las necesidades de toda la sociedad.
Valoramos positivamente el rol de aquellos jueces y fiscales que han actuado con responsabilidad en materia de juicios de lesa humanidad así como objetamos en otros funcionarios, la injustificada demora incurrida en las investigaciones, el inicio y la tramitación de juicios orales.
Consideramos de gran importancia el respaldo del Estado en la consolidación y continuidad de los juicios de lesa humanidad no sólo para los responsables militares y policiales sino para todos los que instigaron, actuaron y lucraron con el dolor de las víctimas, tales como funcionarios del Estado, políticos, empresarios y eclesiásticos, en la masiva violación a los derechos humanos del terrorismo de Estado antes y durante la pasada dictadura, cuyas secuelas aún perduran y que es necesario restañar.
Son consecuencia de aquel período las múltiples prácticas de violencia institucional por parte de los cuerpos policiales y penitenciarios responsables de actos de corrupción, tortura y violencia sistemática contra jóvenes y otros seres vulnerables y vulnerados, convirtiendo a los lugares de detención en espacios sin ley ante la indiferencia o complicidad de los tres poderes del Estado. La mayoría de las provincias mantienen en vigencia códigos de faltas inconstitucionales que otorgan absoluta discrecionalidad a las policías frente a la población. Resulta oprobioso para el Estado de derecho el mantenimiento de bandos militares que siguen regulando las actividades policiales.
Denunciamos que el sistema penal es selectivo y descarga su fuerza sobre los que menos tienen, los excluidos. Pero no son sólo los jóvenes pobres las víctimas del sistema penal, sino que también se extiende a los militantes de causas sociales.
Fuerte preocupación produce en nuestro organismo la situación de vulneración sistemática de derechos de las personas presas en todo el país. El sistema penitenciario argentino regulado por un bando militar, tiene como eje el castigo, que se constituye como base de la relación Estado – preso, que se expresa de diferentes maneras, desde el castigo físico y el desarraigo hasta las carencias de alimentación, de cuidados de salud, de acceso a la educación, al trabajo y a la salida laboral en libertad.
Las prisiones, a cargo de personal militarizado no socializan. Por el contrario en ellas se propicia la relación amigo-enemigo y la asignación de roles irreversibles.
Reclamamos a los gobiernos provinciales que aún no hayan implementado los organismos locales contra la tortura, y los tratos crueles e inhumanos, la inmediata constitución de los mismos a los que la República Argentina se encuentra obligada por tratados internacionales. La APDH solicita ser incluida en tales organismos de prevención.
Se requieren por ende, cambios drásticos en la estructura y funcionamiento de las policías y los cuerpos penitenciarios. No basta el cambio de programas, docentes y espacios destinados a la educación. Se requiere operar mediante mecanismos de control y monitoreo a cargo de funcionarios políticos y organizaciones sociales, sobre una cultura fuertemente arraigada de desapego a las normas y funciones en los lugares operativos.
Si bien en los últimos años se han verificado importantes avances legislativos en materia antidiscriminatoria (matrimonio igualitario, ley de violencia de género, nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, entre otras), entendemos que como expresión del respeto por la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo, son necesarias medidas que resguarden los derechos de sectores vulnerados, por ejemplo, por la exposición de imágenes religiosas en dependencias estatales y espacios públicos.
El goce de las libertades de culto y de expresión que se verifican en nuestro país no impide señalar -en concordancia con valiosos dictámenes del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación)- que el Estado discrimina cuando privilegia simbólicamente a las personas identificadas con una creencia, en detrimento de la sensibilidad de otros sectores de la población que han optado por otras concepciones. Expresamos nuestra crítica al mantenimiento de la Iglesia Católica como persona de derecho público en el recientemente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC).
Sin perjuicio de ello, y siendo que la disposición del CCyC se deriva del artículo 2 de la Constitución Nacional, entendemos que el sostenimiento económico de un culto por parte de todos los habitantes de nuestro país es una disposición anacrónica y discriminatoria y, por lo tanto, debe ser derogado en la próxima reforma constitucional que se celebre en Argentina.
Reclamamos una mayor responsabilidad estatal y también social en cuanto al cuidado y a la preservación de los bienes de la naturaleza – flora, fauna, bosques, agua, tierra - que logre el control de la contaminación ambiental y la prohibición del uso de agrotóxicos. Denunciamos la legislación minera vigente y sus consecuencias nefastas para el medio ambiente y el hábitat de comunidades rurales y urbanas. Denunciamos los contratos y exploraciones petrolíferas con tecnologías que ya están en realización y ponen en riesgo vida y bienes de la población.
Denunciamos el daño contra las generaciones presentes y futuras del modelo de economía extractivista imperante en nuestro país y en el mundo. La política sojera, el fracking hidrocarburífero y la megaminería son ejemplos de actividades que generan profundos desequilibrios en el habitat de enormes regiones del planeta.
Hacemos un llamado a los jueces a estar atentos a maniobras judiciales que pongan en riesgo al sistema democrático, avanzando sobre la competencia constitucional de los otros poderes del Estado. Exhortamos a que los jueces decidan las causas de conformidad con los postulados constitucionales, los pactos internacionales de derechos humanos, con sensibilidad social y atendiendo a la situación socio económica de las partes.
Las resoluciones judiciales deberán estar sujetas en todo momento al control de convencionalidad y a seguir la jurisprudencia de las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos, como único modo de terminar con la brecha existente entre el derecho proclamado por los representantes del pueblo y el derecho aplicado por los integrantes del Poder Judicial.
Reiteramos nuestro pedido de derogación de la llamada Ley Antiterrorista, que abre una puerta a la represión estatal como respuesta a las protestas sociales que expresan, casi siempre, reclamos de justicia.
Denunciamos la actividad ilegítima y persecutoria de los servicios de inteligencia con fines de control y represión de militantes partidarios, defensores de derechos humanos, pueblos originarios, periodistas, movimientos ambientalistas, movimientos campesinos, entre otros. Muchos de ellos han sido acusados de terroristas y perseguidos penalmente por tener el rostro cubierto con capucha.
Nos preocupa el uso abusivo de los derechos de autor y de la propiedad intelectual que concluyen en vulneraciones a los derechos humanos como la cultura, la salud, la educación, entre tantos otros.
Aprobamos la importancia de una posición firme que condene y rechace toda presión de grupos económicos y financieros concentrados locales e internacionales como los llamados “fondos buitres”, que persiguen ganancias extraordinarias en detrimento de las naciones que han negociado o intentan terminar sus negociaciones de deuda externa. Las organizaciones internacionales deben retomar sus roles de control en los abusos del poder económico-financiero sobre los Estados independientes.
Rechazamos la política belicista que llevan adelante la OTAN, Estados Unidos e Israel contra los pueblos árabes en Medio Oriente y nos solidarizamos con los millones de seres humanos afectados por la guerra y obligados a buscar refugio en otros países y continentes.
Reclamamos el compromiso del próximo gobierno nacional en seguir impulsando cambios en pos de un nuevo orden político, económico y social internacional. Valoramos el importante lugar que ha logrado ocupar nuestro país en la unidad e integración latinoamericana y caribeña. Apoyamos la continuidad y avances en esa dirección.
Para garantizar la paz mundial deberá modificarse la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. El veto de alguno de los cinco países en el Consejo de Seguridad actúa a favor de las naciones aliadas a las grandes potencias. En el margen de acción de dicho veto, algunos estados violan el derecho internacional con altísimo costo en vidas humanas. Por otro lado, el accionar de las potencias militaristas suele desconocer medidas prudentes del mencionado Consejo. Si no se establecen nuevos acuerdos y compromisos, el planeta y sus habitantes sufrirán consecuencias funestas no sólo en lo referido al daño militar, sino en la faz ambiental, económica y social.
Si bien sabemos que no son las normas las que impulsan necesariamente el goce integral de los derechos humanos, creemos que será provechosa una reforma constitucional que mejore las condiciones para lograrlo. Creemos necesario legislar con jerarquía constitucional una reforma agraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la propiedad social de ciertos bienes como las patentes de semillas y medicamentos, la supresión del sostenimiento de todo culto por parte del gobierno, entre otros aspectos que propendan a regular el goce equilibrado y justo de los bienes económicos, sociales y culturales necesarios para la humanidad toda.
Consejo de Presidencia.
Septiembre 2015
