APDH expresa su repudio al fallo que condena a 7 integrantes de la Comunidad mapuche tehuelche Lafken Winkul Mapu
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina expresa su repudio al fallo que condena a 7 integrantes de la Comunidad mapuche tehuelche Lafken Winkul Mapu por el supuesto delito de usurpación de un predio de 7 hectáreas junto al lago Mascardi. El juez federal Hugo Greca, dispuso una condena de dos años y medio en suspenso, fallo que será apelado por la defensa a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina.
Con esta decisión, el Poder Judicial federal vuelve a criminalizar y a perseguir a Martha Luciana Jaramillo, Yéssica Fernanda Bonnefoi, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, quienes sufrieron una fuerte persecución desde que, en ejercicio de sus derechos ancestrales, decidieron recuperar el territorio mencionado.
A lo largo de siete años, la Lof Lafken Winkul Mapu sufrió los embates de la violencia intercultural desde el Estado.
En 2017, con Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, , luego de crear la inexistente figura en nuestro País de la RAM – Resistencia Ancestral Mapuche- como enemigo interno para justificar el aparato represivo, un violento desalojo por parte de efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval, se cobró la vida de Rafael Nahuel y dejó herides a otres dos integrantes de la Comunidad, todos con disparos por la espalda. En 2022, el “Comando Unificado” creado por el entonces Ministro Aníbal Fernández, realizó otro tristemente célebre desalojo con la detención brutal de cuatro mujeres mapuche - una de ellas embarazada y que dio a luz en prisión - y el traslado de las demás, de manera ilegal y fuera de todo derecho, hacia el penal de Ezeiza; hecho que fue luego anulado por el propio Poder Judicial frente al escándalo y el repudio público y social y una crisis en el Gabinete nacional.
Hoy, con Patricia Bullrich nuevamente como Ministra de Seguridad, se da ésta injusta condena coherente con un gobierno negacionista de los DDHH y del Derecho Indígena.
El retroceso en materia de derechos de los pueblos originarios, es evidente, el desconocimiento de los derechos constitucionales consagrados a partir de los Tratados internacionales; y la voracidad inmobiliaria y extractivista existentes, constituyen un fuerte agravio y amenaza a la vida democrática.
Seguiremos expresando nuestra solidaridad con el conjunto de comunidades que luchan por sus territorios; y bregando por que algún día el Estado argentino deje de ser racista y opresor.
