Concesiones hidroeléctricas vistas desde los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) sostiene que el acceso universal y democrático a la energía es una de las obligaciones centrales de los estados, entre los diversos abordajes que hacen a la integralidad de los derechos básicos.
Esta necesidad, siempre de enorme importancia, ha cobrado aún mayor dimensión a partir de la pandemia y la profundización de la crisis producto del conflicto OTAN-UCRANIA-RUSIA.
La Argentina tiene un permanente déficit de divisas que se agrava por el enorme endeudamiento externo que sirve a los intereses de grupos concentrados a expensas de las mayorías. Esta situación amenaza en forma constante la estabilidad económica y la paz social.
En ese marco, la existencia de recursos energéticos que son inalienablemente propiedad común, como la energía hidroeléctrica, han sufrido en diversos momentos su privatización –en especial en la década de los 90- que solo ha servido para aspirar recursos y también divisas escasas, sin utilidad real para nuestra ciudadanía.
Desde los grupos de interés, con amplio poder mediático, se ha intentado convencer a la sociedad acerca de que lo privado es eficiente y lo público todo lo contrario. La experiencia de las últimas 3 décadas desmiente esos slogans. No solo el servicio fue deficiente, sino que a ello debe sumarse la sangría de divisas que implicó conceder las empresas energéticas nacionales a operadoras extranjeras, con baja o nula reinversión en el país.
En pocos meses vencen algunas de esas concesiones, particularmente 7 represas hidroeléctricas en las provincias de Chubut, Neuquén y Rio Negro y en ese sentido, con la firma de Silvia Sapag, Silvina García Larraburu, Carlos Linares, Martín Doñate y Oscar Parrilli fue presentado un proyecto que propone devolver esas fuentes a la gestión pública a través de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Desde nuestra óptica, regida por el reconocimiento y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tienen su basamento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, expresamos nuestro decidido apoyo a esta iniciativa, que tiene el potencial para revertir en parte el daño que día a día se le hace al patrimonio nacional y al acceso democrático al servicio eléctrico.
