REPUDIO A LA REPRESIÓN Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MOVILIZADO
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reitera su pronunciamiento -realizado junto a su Regional en la provincia de Jujuy- y numerosas organizaciones sociales y políticas, de repudio a la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy, por considerarla un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos debido a la restricción del derecho a la protesta social, a la participación y a la movilización pacífica, como así también en razón de profundizar el carácter autoritario de la representación política.
Este repudio ha sido generalizado en todo Jujuy y frente al mismo el gobierno de Gerardo Morales ha ordenado una brutal represión que violenta todos los principios constitucionales y las garantías emanadas de nuestra legislación vigente. Decenas de detenidos, incertidumbre por el paradero de al menos dos manifestantes denunciados como desaparecidos, heridos graves y leves, constituyen hasta el momento el saldo del accionar estatal en la provincia.
Eduardo Tavani, Presidente de APDH, junto a otras organizaciones de derechos humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se encuentra en Jujuy con el propósito de llevar acompañamiento y solidaridad a las víctimas y de exigir el inmediato cese de toda represión.
Desde APDH señalamos que el gobierno de Gerardo Morales inició esta política autoritaria y antidemocrática con la persecución a la Agrupación Tupac Amaru y el encarcelamiento de Milagro Sala, para quien seguimos reclamando el indulto presidencial. Las imágenes terribles de la represión sufrida en Purmamarca y Humahuaca es el sello político de una gestión que en forma permanente ha violentado el Estado de Derecho.
Desde APDH redoblamos la solidaridad con les docentes en huelga y con todas y todos quienes se movilizan para lograr la derogación de la oprobiosa reforma constitucional al tiempo que exigimos poner fin a la represión estatal, disponer la inmediata libertad de las y los presos políticos, y la conformación de una mesa interinstitucional destinada a lograr la derogación de la reforma constitucional.
