APDH Esquel repudia el accionar del Ministro de Seguridad Federico Massoni quien difundió información de las personas acusadas por los hechos ocurridos en Lago Puelo
La Regional Esquel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia, una vez más, el accionar del Ministro de Seguridad Federico Massoni quien, en oposición a la normativa vigente ha divulgado nombre, apellido, ocupación, domicilio y hasta cuál es el salario de las personas acusadas por los lamentables hechos ocurridos en Lago Puelo, violando así las reglas del debido proceso que las leyes y nuestro sistema democrático garantizan.
La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos. El principio de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Conforme a la ley, toda persona tiene derecho a juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias a su defensa (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) por lo que el Poder Ejecutivo provincial no puede, bajo ningún punto de vista, asegurar que determinadas personas son autoras de un hecho delictivo.
Pero además, el mismo Estado Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, hace públicas imágenes de las personas a las que acusa cuando el ocultamiento de los rostros se realiza justamente para evitar la estigmatización y para garantizar reconocimientos fehacientes durante los procesos judiciales. La divulgación de nombres y rostros solo puede tener como objetivo un reconocimiento direccionado, y por lo tanto viciado, y la criminalización de sectores sociales.
En cuanto a los hechos ocurridos el sábado 14 de marzo en ocasión de la visita del Presidente Alberto Fernández a Lago Puelo, esta Regional espera una pronta investigación que establezca las responsabilidades de manera fehaciente. Actuamos con la prudencia que el hecho amerita por su gravedad pero también por las confusas y contrapuestas versiones que lo relatan.
Entendemos sin embargo que el Gobierno de Mariano Arcioni debió garantizar no solo la integridad de la comitiva presidencial sino el derecho a manifestarse de la población y vemos, con preocupación creciente, que desde el Ministerio de Seguridad se pretende criminalizar a los colectivos de vecinos que reclaman su derecho a vivir en un ambiente sano, toda vez que al cierre del video difundido en las propias redes sociales del Ministerio se muestra una remera con la leyenda No a la mina, prenda que el 80 % de la población posee.
Hemos denunciado ya, en forma reiterada, que la alta conflictividad en Chubut es promovida por el mismo Gobierno provincial que se desentiende de sus obligaciones y pone así en peligro, en forma permanente, la paz social.
Recordamos que han ocurrido anteriormente hechos emergentes en la Legislatura y en Casa de Gobierno, y que en ambas situaciones la comunidad denunció zonas liberadas y actos represivos. La estrategia de seguridad de Arcioni y Massoni ha sido siempre criminalizar la protesta social, llevando a cabo acusaciones estigmatizantes, allanamientos a domicilios y detenciones sin sustento.
Los mecanismos de la democracia están seriamente alterados en Chubut. Son numerosos los pedidos de Juicio Político al Gobernador Arcioni y al Ministro Massoni que la Legislatura ignora. La ciudadanía ha presentado un Proyecto de Ley por Iniciativa Popular, cumpliendo con todos los requisitos legales, que también es ignorado por los legisladores.
Subrayamos enfáticamente que estos hechos lamentables ocurren en el contexto de una tragedia como es el incendio masivo de bosques y viviendas, que ha costado vidas humanas, y en un territorio en el que se vive una angustia permanente por el abandono de las obligaciones del Estado y el asedio de las transnacionales mineras.
PEDIMOS, UNA VEZ MÁS, LAS RENUNCIAS DE MARIANO ARCIONI Y FEDERICO MASSONI.
Esquel, Chubut, 19 de marzo de 2021
