APDH Regional Noroeste del Chubut repudia enérgicamente el accionar del Fiscal Fernando Rivarola en relación al caso de violación grupal de una menor
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste del Chubut, repudiamos enérgicamente el accionar del Fiscal Fernando Rivarola en relación al caso de violación grupal de una menor ocurrido en 2012 en la localidad de Playa Unión, entendiendo que el haber liberado a tres de los involucrados y pretender un acuerdo con la defensa de los imputados, para lograr un juicio abreviado que deje en libertad al resto, argumentando que una violación es un “desahogo sexual” para quien la ejecuta, es una nueva violación a los derechos de la víctima. Su actuación profesional carece totalmente de perspectiva de género y demuestra un profundo desconocimiento sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El tratamiento inadecuado que hicieron los medios de comunicación ante este hecho, calificándolo de violación “en manada”, resulta en una visión absolutamente falaz, comparando a este grupo de violentos con animales, lo que parece haber sido tomado por el Fiscal cuando hace referencia al “desahogo sexual”. Quienes cometieron este delito contra la integridad de una menor son personas racionales que no se rigen por instintos, por lo cual DEBEN responder por sus actos ante la justicia para que ésta sea tal y no se revictimice a la víctima.
En una provincia que adhiere a la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, que define a la violencia de género como “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”, el acuerdo propuesto por este Fiscal es un hecho que bien puede encuadrarse dentro de esta definición toda vez que, al minimizar lo ocurrido, afecta la vida y la integridad psicológica de quien ya fuera víctima de quienes pretende dejar en libertad.
La Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Nº 26.061) ampara y protege a su vez los derechos de las personas en función de su edad. Tratándose de una menor de 16 años en pleno desarrollo corporal y de su personalidad, el acuerdo propuesto por el Fiscal viola no sólo sus derechos como mujer, sino también como adolescente.
En una provincia que adhirió a la llamada “Ley Micaela” de Capacitación Obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, repudiamos también el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal aludiendo a que los términos utilizados por el fiscal Rivarola fueron sacados de contexto, dando una explicación que refuerza el hecho de una concepción de justicia patriarcal y machista que es precisamente todo lo contrario al espíritu de esta ley.
Comarca Andina, 4 de junio de 2020
