La garantía del derecho a la educación de nivel secundario para personas jóvenes y adultas en la Provincia de Buenos Aires
A poco tiempo de iniciarse el ciclo lectivo del año 2018, se difundieron diversas manifestaciones y protestas de docentes y estudiantes de los Bachilleratos de Adultos de la Provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos se acercaron a la APDH para dar a conocer la situación y solicitar su intervención.
Las comunidades educativas informaron que producto de la resoluciones 1657/17 y 828/18, se estaba llevando adelante un proceso de cierres de cursos, fusiones, traspasos de dependencia funcional, ceses y reubicaciones docentes en pleno ciclo lectivo.
Frente a esta situación, la Secretaría de Educación de APDH continuó el relevamiento de información, realizando consultas a diversos actores y buscando indicadores que permitieran evaluar la situación desde la perspectiva de la garantía y ejercicio del derecho a educación y observar su efectivo cumplimiento.
Resaltamos que una característica de esta implementación consiste en la falta de información y precisión sobre las medidas que deben tomar las instituciones, la forma en que es comunicada a los docentes y estudiantes y la generación permanente de nuevas directivas, lo que repercute negativamente en la vida cotidiana institucional.
Luego de evaluar la situación y las posibles acciones a realizar se procedió a solicitar un pedido de información al máximo responsable estatal de la garantía y ejercicio del derecho a la educación en la Provincia de Buenos Aires, el Director General de Escuelas Sánchez Zinny.
Esta solicitud se efectuó día 25/04/18 dado que la información oficial y pública sobre el proceso que se está llevando adelante y sus motivos, resultaban insuficientes. Luego de ser convocada a la APDH a una reunión durante el mes de mayo, el pasado 27/06/18 se recibió la respuesta por correo electrónico.
En el presente informe se brinda información contextual necesaria para comprender el marco de este conflicto y se analiza la respuesta recibida, que no responde satisfactoriamente a los puntos consultados. A su vez se pone a disposición la información oficial recibida.
En sus conclusiones este informe afirma que la falta de información sobre las políticas implementadas es un indicador de afectación del derecho a la educación. La confección de un diagnóstico claro y comunicable es el punto de partida esperable para la acción gubernamental.
Desde la APDH, entendemos que la progresividad en el cumplimiento de un derecho puede implicar cambios estructurales y normativos. Sin embargo, en este caso no encontramos razonabilidad en las resoluciones normativas como así tampoco en su forma de implementación de acuerdo a la información disponible.
El sector específico de la Educación de Jóvenes y Adultos se caracteriza por alcanzar actualmente a no más del 5% de la población potencialmente demandante, personas a quiénes el Estado debe restituir su derecho a la escolaridad negada durante la infancia y adolescencia. A partir del análisis consignado en este documento, podemos sostener que se requiere la ampliación presupuestaria, apertura de nuevas instituciones y adecuaciones pedagógicas de las propuestas, elaboradas con grados crecientes de participación tanto de personal directivo, docentes y estudiantes, que actualmente están asumiendo las consecuencias de las medidas tomadas.
