APDH denunció penalmente a las autoridades de Pami, Esteban Leguizamo en su carácter de director nacional del PAMI, y al ex director de Córdoba de dicho instituto Marcos Patiño Brizuela

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denunció penalmente a las autoridades de Pami, Esteban Leguizamo en su carácter de director nacional del PAMI, y al ex director de Córdoba de dicho instituto Marcos Patiño Brizuela, por el incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Justicia Federal que ordenó la provisión gratuita de los medicamentos esenciales a los jubilados afiliados a PAMI.

La  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con el patrocinio de los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente presentaron en septiembre de 2025 ante la Fiscalía Federal en turno de Córdoba denuncia penal y solicitaron la investigación judicial, de la eventual responsabilidad penal, que podría caberles a las autoridades de Pami,  a Esteban Leguizamo en su carácter de director nacional del PAMI, y al  ex director de Córdoba de dicho instituto Marcos Patiño Brizuela; como supuestos responsables en calidad de autores, cómplices o instigadores, por sus conductas de los delitos tipificados en el art. 239 del Código Penal de desobediencia a la autoridad; actos discriminatorios -tipificado en el artículos 1 de la Ley 23.592 y demás concordantes; en el art. 172 del C.P por estafa procesal, y en los arts. 248 y 249 del Código Penal (Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de las otras figuras penales que puedan surgir de la Investigación penal.

De los hechos que se narran en el escrito de denuncia se desprende la condición de víctimas y damnificados directos de todos los afiliados al PAMI, y que constituyen delitos perseguibles de oficio; cometidos en su perjuicio, habiéndose declarado competente la Justicia Federal de Córdoba.

Con el compromiso de continuar y llevar hasta las últimas instancias las acciones emprendidas, APDH ha presentado esta denuncia penal ante la Fiscalía Federal nro.2 de Córdoba recayendo en el Juzgado Federal de N° 3 de Córdoba a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, a los fines de que se investigue en profundidad la comisión de los delitos antes expresados y se sigan los procesos judiciales hasta las últimas instancias. A la fecha los funcionarios arriba mencionados han sido imputados y ya fueron citados a Indagatoria, siguiendo su curso el proceso judicial de investigación.

En resumen, exponemos los hechos que sustentan la denuncia penal en trámite:

Con fecha 13/12/2024 interpusimos Amparo Colectivo, el que fue radicado en la Justicia Federal de Mendoza.

Con fecha 16 de mayo del 2025 el Juez interviniente, tras una serie de consideraciones y argumentaciones, dicta una medida cautelar para los afiliados de PAMI de la provincia de Córdoba, y con fecha 22 de octubre de 2025 lo hace para el resto de afiliados de todo el país, básicamente consiste en ordenar al -PAMI-, la suspensión de la aplicación de las resoluciones del PAMI - INSSJP N° 2431/2024 (RESOL_2024-2431-INSSJ_DE#INSSJP "Modificación de la a Disposición Conjunta N°0005/2017" del 22 de agosto de 2024) y N° 2537/2024 (RESOL-2024-2537-INSSJP-DE#INSSJP "Modificación RESOL-2024-2431-INSSJP-DE#INSSJP" del 5 de septiembre de 2024); dictadas por la Dirección Ejecutiva del INSSJP.

Desde la fecha de esta resolución en adelante, las autoridades de Pami, tanto a nivel nacional como de la provincia de Córdoba se han negado sistemáticamente a cumplir la orden judicial en su aspecto fundamental cual es, volver a poner en vigencia el programa vivir mejor y proveer el listado de medicamentos esenciales, en forma automática y gratuita a todos los afiliados a Pami a los que se los recete su médico de cabecera.

A pesar de las sucesivas intimaciones y emplazamientos y a la aplicación de astreintes diarias (multas) que realizó el Juzgado Federal de Mendoza en este lapso, las autoridades de Pami, después de transcurridos más de un año y medio, han mantenido un absoluto desconocimiento de la autoridad del Juez Federal incumpliendo la medida ordenada.

Evidentemente estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque los funcionarios nombrados por el Gobierno Nacional se niegan a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad y, en lo fundamental, evidencian un absoluto desprecio por la salud de jubilados y pensionados al impedir el acceso a tratamientos (en este caso de medicamentos) que deterioran y ponen en riesgo su vida, por decisiones arbitrarias, ilegales e inhumanas. Además, que PAMI está sumido en una profunda y grave crisis que es de público conocimiento.

Infortunadamente presenciamos una política del Gobierno de Milei que provoca la agresión deliberada hacia un grupo nacional con derechos vulnerados de nuestra sociedad, como son jubilados y pensionados, que sumado al deterioro de sus ingresos y encarecimiento de la canasta básica de alimentos y servicios, conduce a un verdadero “genocidio silencioso” y que requiere del rechazo activo y solidario del conjunto del pueblo.

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS - REGIONAL CORDOBA. SECRETARÍA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA APDH