APDH en alerta por la situación en Chubut

“La provincia de Chubut viola sistemáticamente derechos hace más de tres años”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina resaltó la gravedad que atraviesa la población de la provincia de Chubut, y mientras difunden un comunicado donde enumeran las principales problemáticas, esperan un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante quien ya presentaron un escrito.

La APDH, organismo que vela por el cumplimiento de los DDHH de este país desde el año 1975, elaboró un informe sobre “la grave situación que atraviesa hoy la población de la provincia de Chubut y hace más de tres años, período en el que se violan sistemáticamente a diario los derechos de sus pobladores”. Las últimas noticias que recorrieron el país y el mundo, sobre Chubut, tuvieron que ver con el corte de rutas en el frío patagónico, y las protestas en el marco de incendios que se habían salido de control. “Pero cuando las cámaras se van, los problemas siguen”, advierten.

Entre las problemáticas, desde la APDH nacional resaltan que, en medio de la pandemia, el gobierno provincial a cargo de Mario Arcioni “obliga a docentes con problemas de salud dar clases presenciales, poniendo en riesgo sus vidas”; destacan además que “la violencia policial es moneda corriente y el estado mira para otro lado”; que “se desconocen los pronunciamientos populares contra la megaminería”; que “los salarios estatales sufren meses de atraso, situación inédita en todo el país, y eso complica la subsistencia de las familias que dependen de ese ingreso”.

Por su parte, las regionales Esquel y Noroeste del Chubut de la APDH, y la Junta Promotora Chubut Este, detallan la gravedad de la situación, al describir que “las y los empleados estatales son víctimas del pago de salarios con uno o dos meses de atraso y sin paritarias desde 2019; la ministra de Educación, Florencia Peralta, obliga a las y los trabajadores de la educación a la presencialidad en las escuelas aunque pertenezcan a grupos de riesgo; las comunidades organizadas en movimientos asamblearios ven traicionada su voluntad a través del rechazo de un Proyecto de Ley presentado por el mecanismo de Iniciativa Popular para prohibir la gran minería metalífera ampliamente rechazada desde hace décadas por su devastadora acción sobre el ambiente y la salud; el gobierno provincial sostiene a al ministro de Seguridad, Federico Massoni, cuya actuación mereció recursos de amparo por violencia institucional y que al día de la fecha no tiene respuestas”.

“Todos estos motivos nos llevaron a realizar una presentación ante la CIDH. Mientras se espera que la Comisión se expida, Chubut enfrenta un momento de gran tensión que pone en riesgo la paz social y la democracia misma. Se lucha a la intemperie. A merced del viento y de la helada, de día, de noche. En la ruta. A la intemperie. Chubut afronta un nuevo capítulo de un desastre anunciado desde hace años”, advierten desde la APDH.

“El jueves 6 de mayo, la Legislatura provincial rechazó tratar el Proyecto 129/20 para prohibir la megaminería en la provincia, presentado por Iniciativa Popular y respaldado por casi 31 mil firmas. Sin el alabado debate propuesto por el Secretario de Minería de Nación, las corporaciones mineras y el coro de funcionarios políticos. Con la mendacidad de un ‘prestigioso’ constitucionalista y la indolencia legislativa de ni siquiera leer el texto propuesto por las y los ciudadanos. Un atentado a la democracia, que deja a la ciudadanía a la intemperie”, denuncian. 

“Y no es la primera vez. En 2014 y en una sesión escandalosa, los CEOS de las transnacionales mineras manejaban los hilos de la legislatura. Ese precedente vergonzoso obliga al arco político a posicionarse discursivamente en defensa del agua y el ambiente tal como la población exige.  Así llega al gobierno esta clase política chubutense que es fuertemente repudiada desde hace años. Años de vaciamiento de la infraestructura estatal, de juicios y condenas por corrupción, de atrasos en el pago de salarios, de ausencia de políticas públicas para promover la producción realmente sustentable y a escala humana. La voluntad popular se sostiene en la calle, con movilizaciones y, hoy, cortes de ruta. La voluntad popular se expresó a través del mecanismo de Iniciativa Popular dos veces, una en 2014 y otra en 2020. En ambas ocasiones fue burlada. La voluntad popular se sostiene en la calle aún en contexto de pandemia”, recuerdan desde las regionales locales. 

Por otra parte, explican que “la vacunación en Chubut marcha lenta, aunque marcha. Han sido vacunados los y las mayores de 60 años, los grupos de riesgo bajo esa edad y el personal de salud. Las y los docentes impelidos a la presencialidad aún esperan. Esperan la vacuna y esperan sus salarios atrasados. Acaban de cobrar los haberes correspondientes al mes de marzo con los valores desactualizados porque no se respetaron los acuerdos paritarios firmados en 2018/2019 ni ha habido nuevos acuerdos”. 

“El personal de salud está en iguales condiciones en cuanto al pago de haberes y ambos sectores sostienen viejos reclamos con respecto a la infraestructura necesaria, reclamos que adquieren nuevas dimensiones en el marco de la pandemia mundial y en un estado de situación que coloca a las ciudades más grandes de la provincia en zona crítica por saturación en la disponibilidad de camas”, agregan.

“Las y los jubilados provinciales están decididamente invisibilizados: a las dificultades propias del contexto pandémico se suma una deuda de dos meses en sus haberes y, por su correlación con les trabajadores actives, la falta de actualización lleva ya dos años. Por otra parte, con una economía deprimida y algunos gobiernos locales incapaces de tomar medidas en favor de la salud de sus localidades, las y los vecinos de Comodoro Rivadavia esperan aún la ayuda que les enviara Nación tras las devastadoras inundaciones sufridas y las y los vecinos de la Comarca sufren las consecuencias de los recientes incendios, esperando también la anunciada ayuda del gobierno Nacional, que se traduciría en módulos habitacionales (provisorios) que, a dos meses de la tragedia, aún no han llegado”, finalizaron.