APDH Jujuy: el Gobierno debe garantizar la salud
La situación sanitaria de Jujuy se vio fuerte y rápidamente golpeada por la pandemia, y es evidente que el Gobierno de la Provincia no puede recuperar el manejo de la situación, más allá de los fondos, asistencia de todo tipo y la llegada de médicxs y enfermerxs terapistas, enviados tanto por el gobierno nacional como por algunas provincias.
El marco de “excepcionalidad” que impone la pandemia de ningún modo habilita al Gobierno de Jujuy a incumplir con las leyes vigentes y a no respetar los derechos de lxs trabajadores.
Desde APDH Regional Jujuy denunciamos el peligroso abordaje que está realizando el Gobierno provincial jujeño al problema planteado por la pandemia. Considerando la dinámica de lo que viene sucediendo en Jujuy desde el inicio en marzo a la fecha, entendemos que existen sobradas razones para alertar acerca de la responsabilidad que le cabe al ejecutivo provincial, si continúa improvisando y descuidando la seriedad de sus acciones, poniendo en riesgo la salud de un número importante de agentes de la administración pública con las recientes medidas adoptadas.
Nos referimos específicamente a la decisión del Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través de su Ministerio de Educación y mediante la Resolución N°1966 del 14 de agosto, que el personal de Servicios Generales de ese Ministerio quede afectado –de acuerdo a los considerandos de la norma- “a cumplir tareas bajo la órbita del Comité Operativo de Emergencias de San Salvador de Jujuy”, siendo éstas “….. las tareas que se le encomienden en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica al efecto de realizar las actividades y acciones dispuestas por el COE (…) y bajo la responsabilidad de la Dra. Peinado”.
Dicha Resolución del Ministerio de Educación, se enmarca en el Decreto provincial 793-G (con fecha 28 de abril de 2020) que dispone el cambio de funciones de lxs empleadxs de servicios generales para promover la contención y mitigación de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, cualquiera sea el vínculo laboral, función, situación de revista o lugar donde preste servicios.
El amplísimo margen de discrecionalidad, al no especificarse ni mínimamente el tipo de tareas a cumplir, deja en la incertidumbre al personal estatal afectado por la decisión, en la zozobra respecto a sus derechos y a merced de criterios que le generan una inadmisible inseguridad.
Señalamos clara y enfáticamente que el Gobierno Provincial que no ha garantizado en esta contingencia ni siquiera los elementos de protección necesarios a los trabajadores de la salud a pesar de los permanentes reclamos; y tampoco genera la confianza suficiente en su pretensión de sumar a un nuevo grupo de personas a estar expuestas.
Exigimos que el Gobierno Provincial dé cumplimiento a lo dispuesto por los Arts. 69 y 70 de la Constitución de la Provincia, siendo su deber garantizar además de la salud colectiva, la individual de sus habitantes, sin utilizar el temor de perder el trabajo o la situación de precariedad en la que mantiene a agentes estatales, para atender tardía e improvisadamente un sistema de salud colapsado por la grave situación sanitaria creada, soslayando incumbencias, capacitación, y elementales recaudos.
