El hambre y la negativa a garantizar derechos básicos
Gracias a la investigación del periodista Ari Lijalad, en medio de la honda crisis autoprovocada por el gobierno nacional con sus sobreactuadas políticas de ajuste, el país se entera que el Ministerio de Capital Humano guarda celosamente y sin un propósito válido, 5000 toneladas de alimentos diversos en riesgo de vencimiento.
Ante la denuncia, basada en información pública, el gobierno negó los hechos hasta que el juez actuante lo constató con obligación de distribuirlos. La ministra y sus funcionarixs se excusaron con argumentos falsos e incluso, apelaron la resolución judicial.
Se trata de alimentos que deben abastecer a comedores populares que se cuentan por miles, excusándose en la sospecha de desvíos de la mercadería. Tal cosa podría ocurrir en algún caso aislado, pero, la suspensión absoluta de las entregas muestra que el gobierno prefiere condenar al hambre a miles de personas que están en situación de extrema vulnerabilidad provocada por las propias políticas del gobierno antes que garantizar los derechos que les corresponden. Se exhibe claramente la intención de correr al Estado de su obligación de asistencia a los comedores y con ello la posibilidad de acceso a la alimentación de crecientes cantidades de personas en situación de pobreza extrema.
Esa intención de abandonar toda ayuda del Estado se hace patente cuando, además, nos enteramos que la estructura logística creada para efectuar la distribución, también fue desarmada entre las primeras medidas que tomó la ministra Pettovello.
Del mismo modo, es información pública que el Ministerio de Capital Humano tampoco ha adquirido nuevas partidas de alimentos para renovar sus stocks y garantizar la continuidad.
Esto también pone de manifiesto la falta total de vocación para el cargo que se le encomendó y una absoluta falta de sensibilidad ante la realidad del hambre que, con el correr del ajuste salvaje que lleva adelante el gobierno nacional, se traduce en más y más familias que día a día deben recurrir al comedor más cercano para procurarse un sustento mínimo.
El mismo temperamento se aplicó en la Dirección de Asistencia Directa ante Situaciones Especiales (DADSE), que suministraba medicamentos muy caros a pacientes con enfermedades graves que no podían adquirirlos por sus propios medios.
Los problemas se multiplican minuto a minuto, puesto que el objetivo central declarado por el Presidente Milei es la destrucción del Estado. Un estado con una estructura perfectible que no mejorará con su demolición, pero que habrá de dejar en el desamparo más absoluto a la gran mayoría de los habitantes en todos los planos de la vida del país.
La APDH, ante esta situación, denuncia la falta gravísima a sus obligaciones por parte del gobierno nacional, apoya a quienes reclaman reanudar la distribución sin restricciones y sin discriminación de los alimentos y llama a movilizarnos, advirtiendo enfáticamente que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son irrenunciables y tienen garantía constitucional que incorpora tratados internacionales firmes, por lo que quienes los afecten tendrán consecuencias. Más temprano que tarde deberán rendir cuentas ante la Ciudadanía y ante la Justicia.
