Es tiempo de defender la jurisdicción universal y proteger el mandato de la Corte Penal Internacional

La APDH expresa su máxima preocupación y rechazo por las intolerables represalias  e inéditas sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la Corte Penal Internacional a pocas horas de conocerse que la prestigiosa y valiente jurista Navi Pillay había sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026. 

Esta inaceptable medida de la administración estadounidense es el corolario de una serie de descalificaciones y amenazas contra la Corte Penal Internacional y los trece jueces y fiscales probos e independientes que velan para que con imparcialidad y transparencia se cumpla el mandato conferido por 125 Estados para que este Tribunal -creado por el Estatuto de Roma- cumpla con la responsabilidad de investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, proveyendo justicia y reparación a las víctimas y dando garantías de no repetición.

En este sentido, los Estados Parte, incluido decididamente nuestro país, deben asegurar que la Corte cuente con los medios necesarios para realizar su labor puesto que se trata de salvaguardar un orden internacional basado en el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. 

Ante este intento de doblegar a la Corte y condicionar su funcionamiento a los designios de los mas poderosos, la APDH reivindica de manera integral el compromiso histórico de la República Argentina con la Corte Penal Internacional, asumido como política de Estado  al punto tal que nuestro país ostenta el mérito de haber sido el primer Estado del mundo en suscribir la totalidad de los acuerdos marco de cooperación con la CPI. 

Habiendo juzgado internamente los horrores del terrorismo de Estado, los gobiernos democráticos de Argentina y los organismos de derechos humanos impulsaron la ratificación temprana del Estatuto De Roma, el 16 de enero de 2001, transformándose en el vigésimo octavo Estado parte del mundo en obligarse formalmente con la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional.

Asimismo, a nivel interno, en diciembre de 2006 fue sancionada la Ley 26.200 de Implementación del Estatuto de Roma. Esta normativa modélica forma parte del Código Penal argentino en tanto tipifica y sanciona de manera directa los crímenes del Estatuto, garantizando por ley la prohibición absoluta de amnistías, indultos o prescripciones para los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional.

La coherencia de la postura argentina se evidencia también en el uso activo de los mecanismos del Estatuto para exigir investigaciones ante crisis humanitarias mundiales, como en su destacada representación institucional, reflejada primero en la Fiscalia de la CPI representada por el jurista Luis Moreno Ocampo, y luego por la Embajadora Silvia Fernández de Gurmendi quien integró como jueza este tribunal, presidiendolo entre 2015 y 2018.

Considerando que como entonces aun hoy millones de niños, mujeres y hombres siguen víctimas de atrocidades que aun desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, y que estos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

Finalmente, la APDH hace suya la Declaración de la CPI dada a conocer hoy expresado  y comparte plenamente que “La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión.