INTERREGIONAL CÓRDOBA REPUDIA LA PERSECUCIÓN DE DIRIGENTES y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
Hoy, a un día de conmemorarse el 55° Aniversario de la gesta histórica del pueblo trabajador de nuestra provincia el “CORDOBAZO”, asistimos una vez más a actos de criminalización y estigmatización hacia dirigentes gremiales y sociales. El fiscal provincial Ernesto de Aragón ordenó a través la policía provincial, el allanamiento de la sede gremial de ATE delegación Río Cuarto, y en el domicilio particular de su Secretario General, Federico Giuliani.
Una vez más, los poderes fácticos de nuestra provincia buscan estigmatizar y perseguir a militantes populares. Inquieren destruir la convivencia democrática, los derechos consagrados en nuestra Constitución y Tratados Internacionales, avasallando a los dirigentes gremiales y sociales, menoscabando cualquier tipo de organización política.
Las pautas prácticas utilizadas por el Fiscal De Aragón admiten esta clases de destrezas desproporcionadas e inconstitucionales contra la sociedad civil que ejercen de manera pacífica los derechos constituciones que pretendimos resguardar mediante el habeas corpus presentado el 23.5.24 ante la justicia de Córdoba; además de resultar en dicha jornada manifestantes heridos, agredidos y menospreciados como ciudadanos y seres humanos, se ejerció sobre ellos en forma directa, pública, notoria y consciente la práctica de la violencia, la injusticia y mal hacia el otro, todo lo que configuró una criminalización de la protesta social; y que hoy se confirma con estos allanamientos.
La Justicia debe asegurar una igualdad real y efectiva de los ciudadanos; debe hacer un análisis comprometido de los hechos con una solución temporal, imparcial y equitativa sin producir efectos injustos, principalmente hacia los manifestantes y trabajadores sujetos de preferente tutela constitucional.
A 40 años de Democracia, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Interregional Córdoba conformada por las regionales de Río Cuarto, Córdoba, Rio Tercero y Villa María, le exigimos al Fiscal De Aragón que culmine la persecución de manera inmediata, respetando los derechos consagrados en la Constitución Nacional.