La APDH acompaña la Marcha Educativa en la Ciudad de Buenos Aires, exige el cese de la persecución y solicita información pública
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se solidariza en primer lugar con la comunidad estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires, que es objeto de persecución, hostigamiento y conculcación de su derecho a la protesta y libre expresión. En este marco, como organismo de derechos humanos acompañará la marcha educativa convocada por la totalidad de la comunidad educativa para el día martes 4/10.
Días atrás, a partir de las intimidaciones sufridas por les estudiantes, la regional CABA de la APDH manifestó su profunda preocupación por la criminalización de la protesta. Denunciamos enérgicamente que estas prácticas no son propias de un Estado democrático. El derecho de les estudiantes a organizarse, manifestarse, reclamar por mejores condiciones educativas y ser escuchades por las autoridades no puede ser violentado y mucho menos penalizado en una sociedad democrática. El artículo 39 de la Constitución de la CABA establece obligaciones que el Estado no puede incumplir.
Recordamos que las demandas que llevan a cabo estudiantes de distintas escuelas deben ser escuchadas. Elles solicitan una mejora nutricional en las viandas, mejoras edilicias que garanticen condiciones de seguridad, vacantes suficientes para garantizar el derecho a estudiar y la eliminación de las “pasantías” laborales, que son trabajo gratuito encubierto.
Las llamadas prácticas preprofesionalizantes, impuestas sin consulta alguna, a las que son sometidos cerca de 30 mil alumnes del último año de las escuelas secundarias carecen de valor educativo, tal como lo declaran les estudiantes. Estas prácticas, que son de carácter obligatorio para aprobar el ciclo, no contemplan acompañamiento de personal docente ni se encuadran dentro la planificación de la formación de les alumnes. A su vez, les estudiantes han denunciado prácticas discriminatorias a las que fueron sometides en las empresas a las que han sido obligades a asistir. A su vez, asistir a las prácticas laborales implica no acceder a las clases de las asignaturas correspondientes a los programas de estudio, lo cual significa una pauperización de la calidad educativa y la vulneración del derecho a la educación.
En este marco, en el día de la fecha, la Regional Caba, amparada por Ley N° 104 de acceso a la información pública presentó un pedido de informes al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para que dé cuenta de la implementación delas prácticas del programa Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo en el marco de la Escuela del Futuro. Se solicitó información relativa a los contratos firmados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas, organismos y ONG ́s en los que se realizan tales prácticas y Cuáles son los protocolos estipulados para la actuación en caso de que les estudiantes requieran asistencia médica y quiénes son les adultes responsables de poner en efecto tales protocolos. Entre otras cuestiones, se solicitó al gobierno que informe cuáles son actividades que se les requieren y requerirán realizar a les estudiantes en el marco de dicho proyecto de formación y cuáles son los fundamentos pedagógicos que sustentan tales actividades en cada caso. Así mismo, la regional CABA se encuentra estudiando la implementación de otras leyes y obligaciones del estado, como lo es el programa de Salud Escolar definido por la Ley 2598 de la Ciudad, sobre cuya implementación y cumplimiento nuestro organismo ha elevado una solicitud de acceso a información que el gobierno porteño deberá responder, acorde a lo estipulado en la norma anteriormente citada.
La APDH viene denunciando la vulneración de derechos sociales en la CABA, marco necesario para comprender la gravedad de la situación escolar.
La política educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha centrado en la constante rebaja del presupuesto, la insuficiente asistencia alimentaria y la dudosa calidad nutricional de la comida que en los establecimientos educativos se brinda, la falta de mantenimiento de los edificios, la falta de vacantes, la inexistente construcción de nuevas escuelas, la negativa reiterada a establecer instancias de diálogo con las comunidades educativas desoyendo las demandas de familias, estudiantes y docentes, la precarización de las condiciones laborales y educativas. Estas prácticas por parte del gobierno porteño atentan contra el derecho a la Educación.
Estas políticas de mercantilización de la educación, falta de diálogo y hostigamiento a las comunidades educativas también se vieron reflejadas en las demandas de las familias ante la imposición inconsulta del cambio de modalidad de las escuelas primarias de jornada simple a jornada completa. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido tal cambio vulnerando el derecho de las familias a elegir, alterando las dinámicas familiares, desconsiderando las condiciones edilicias de las escuelas y desoyendo las demandas de las comunidades educativas.
La ministra de educación, Soledad Acuña, ha reiterado en numerosas oportunidades la necesidad de garantizar los días de clase. Sin embargo, en las escuelas porteñas las condiciones laborales de docentes llevan a que existan numerosos cargos sin cubrir y esto necesariamente se traduce en clases a las que les alumnes no pueden acceder. Las condiciones edilicias también han llevado a la suspensión de clases en varios establecimientos educativos en lo que va del ciclo lectivo.
Construir un imaginario criminalizante y estigmatizante sobre los colectivos estudiantiles, en pleno ejercicio de sus derechos, constituye un peligro a todas las conquistas que como sociedad hemos construido desde el retorno democrático.
Exigimos al gobierno de la CABA que cese el hostigamiento, habilite un diálogo real y cumpla con las obligaciones emanadas de la Constitución de la Ciudad y las leyes locales.
Presidentes
Mariana La Morgia
1156642253
Ramiro Geber
1130971248
Enrique Rocatti
1134327033
