La APDH espera que la justicia pueda develar el accionar ilegal de la represión del 1 de agosto de 2017
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) insiste en que el Poder Judicial investigue la conducta de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, y su Jefe de Gabinete, Pablo Noceti, por la responsabilidad penal que les cabe en la diagramación y puesta en marcha del operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
En junio del año pasado nuestro organismo formuló denuncia ante el fuero federal detallando la ilicitud del programa de represión desarrollado y meses después el fiscal Franco Picardi, entendiendo que la denuncia era consistente y verosímil, solicitó la imputación de los y las funcionarias denunciadas. Actualmente el trámite es demorado en el despacho de la jueza federal Eugenia Capuchetti, quien solo resolvió que APDH no debía ser querellante en la causa, objeción que se encuentra apelada.
Coincidiendo con APDH, en el día de la fecha se ha difundido la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación, según la cual hubo responsabilidad penal de Pablo Noceti al ordenar la represión mediante escuadrones de Gendarmería ingresados a la comunidad en Resistencia de Cushamen. La citada investigación derivó en una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que será analizada por el juez federal Sebastián Casanello.
Frente a la nueva denuncia oficial, desde la APDH esperamos que la actuación judicial pueda develar las flagrantes irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, causantes de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, siguiendo las órdenes de Patricia Bullrich y sus inmediatos colaboradores.
