La APDH se reunió con la ACNUDH por los casos de dos personas que aparecieron ahorcadas en sus celdas en la provincia de San Luis

APDH Nacional
La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se reunió con la APDH para analizar los casos de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello.

El titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ignacio Roncagliolo, y la Asesora en Derechos Humanos de la Oficina del Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Argentina, Valeria Guerra se reunieron con la copresidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, para analizar los casos de dos personas que aparecieron ahorcadas en sus celdas en la provincia de San Luis. También participó del mismo Lilian Videla, de la Regional San Luis de APDH.

El encuentro fue propuesto por la organización argentina a fin de brindar toda la información recabada hasta el momento relativa a los casos de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello.

Morales, de 39 años, fue detenida en el marco del control del aislamiento el 5 de abril pasado en la localidad puntana de Santa Rosa del Conlara. Allí fue trasladada a la sede policial y alojada en una celda en la que apareció ahorcada a dos horas de haber ingresado.

Maranguello, de 16 años, fue detenido por estar en actitud sospechosa en la ciudad de Villa Mercedes y conducido a la comisaría de niños y adolescentes del lugar. Al igual que Morales, apareció ahorcado con su remera dentro de su calabozo al poco de tiempo de estar en él.

APDH puso de manifiesto su incredulidad en las versiones oficiales que señalan que los detenidos se habrían suicidado, y señaló que se está ante crímenes de Estado, los que son habituales en muchas provincias argentinas y configuran un patrón de actuación policial extendido a lo largo y ancho del país. 

La organización de derechos humanos también denunció la falta de vocación política de las autoridades provinciales en el real esclarecimiento del caso, solicitando al Alto Comisionado su intervención con el objeto de que el Estado Argentino asuma su responsabilidad internacional en la investigación y el juzgamiento de los delitos.