Rechazo a la formación docente al servicio de las corporaciones
Ante la convocatoria a Capacitación Docente que realiza el INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente) en conjunto con la Secretaría de minería, para el curso “De la minería a la vida cotidiana” y en base a la información que la página ofrece, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifiesta que:
La sintética argumentación que se hace para esta capacitación no establece las escalas diversas en las que pueden realizarse las explotaciones mineras y los impactos que cada una genera. En tal sentido, vale aclarar que hablar de “bienes de consumo” aportados por la minería refiere tanto a materiales de construcción (minería de canteras) como a materiales para la producción de energía (desde litio hasta uranio), para tecnología digital (algunos metales y tierras raras) y otros; y que la extracción de esos minerales y metales produce efectos diversos en los territorios, fundamentalmente en las fuentes de agua.
Hablar de desarrollo sostenible resulta un oxímoron en sí mismo. Ninguna actividad limitada en el tiempo puede ser sostenible y los yacimientos mineros son finitos y sus efectos devastadores.
Ninguna capacitación puede, en el escaso y limitado tiempo como el que se propone en ésta, generar la necesaria reflexión crítica sobre los alcances de la explotación minera, menos aún cuando es la propia Secretaría de Minería de la Nación quien lo dicta en el marco de políticas de promoción de una actividad que es altamente cuestionada por las comunidades que resultan afectadas en forma directa, por movimientos socio-ambientales y por la Ciencia y es explícito que entre los autores de la oferta de capacitación no se cuenta con voces divergentes de estos sectores convirtiéndola más en una propuesta publicitaria de la actividad corporativa de las empresas mineras que de formación educativa.
Esta oferta de capacitación utiliza categorías tales como “sociedades modernas”, “innovación tecnológica” o “transición energética” sin conceptualizar o aclarar el enfoque en el que están siendo consideradas y desde el supuesto de que todas las sociedades son homogéneamente modernas y tecnológicas en un país en el que gran parte de la población no tiene acceso a servicios básicos.
Por todo lo expuesto, la APDH rechaza la propuesta y solicita al INFOD el retiro de la oferta que, en base a los contenidos enumerados en abstracto, se encuadra más en los discursos publicitarios de las corporaciones que en las necesidades reales de la población, los profesionales docentes y el personal de las escuelas y en la promoción del ejercicio de los derechos ambientales. Lamentamos profundamente la mirada sesgada puesta en evidencia en la propuesta y que el INFOD la presente en carácter de formación sin visibilizar y jerarquizar la importancia de los bienes ambientales, que se enmascare el hecho de que se trata de una actividad extractivista y que no se reconozcan los límites al extractivismo que surgen de las propias leyes.
Esta "oferta" se da en un marco regresivo del que son objeto tanto los derechos ambientales como los educativos (entre otros) por parte de la actual gestión de gobierno. No se trata de una propuesta aislada, sino de una política pública que desconoce derechos constitucionales.
