La APDH repudia enfáticamente que el Estado AUTORICE Y FOMENTE la introducción de ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

Con gran preocupación, asistimos a la celebración mediática que el sector de la agroindustria hizo frente a la posibilidad de que el ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anuncie que todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido deban pagar un canon por la soja y el trigo que siembren cada año. No es posible que se afirme que “el uso propio de semillas no puede ser gratuito”.

https://twitter.com/DominguezJul/status/1552036176743342080

Las declaraciones vertidas no resisten el menor análisis ético, político, jurídico y socialmente legitimado por la sociedad Argentina mayoritaria. Creemos que el anuncio de una medida de esta naturaleza forma parte del paquete de decisiones que en forma simultánea propone un cóctel tecnológico de tres venenos (-glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D- tecnología avanzada para controlar malezas) cuya venta favorece a las mismas corporaciones asociadas a los terratenientes que someten a presiones económicas a la nación al retener granos para la exportación[1] y se acompaña con el impulso que desde el Ministerio de Ambiente se da a una Ley de humedales no consensuada. A ello se suma la reciente aprobación, por parte del Poder Ejecutivo, a la comercialización de Trigo HB4 -primer trigo transgénico mundial- que se presenta como avance científico pese al rechazo de la comunidad científica y de potenciales compradores.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos:

Repudiamos enfáticamente que el Estado autorice y fomente la introducción de organismos genéticamente modificados -por ende exóticos- y cuyo uso se asocia a la aplicación de agroquímicos en monocultivos de gran escala territorial en un manifiesto impacto sobre la biodiversidad biológica.

Ello por cuanto no puede negarse lo que ya resultó reconocido por la justicia en el mundo entero al verificar  los daños derivados del empleo de  estos productos en los diferentes  procesos de cultivo[2] y los estudios e investigaciones médicas al respecto[3].

Incentivar el involucramiento de corporaciones destinadas a la Ingeniería genética y  consolidar privilegios  en favor de ellas, o de quienes acceden y producen con semillas modificadas empleadas en un marco de concentración del mayor porcentaje de tierras cultivables, deviene en una política pública inaceptable.

Tan así resulta el hecho de promover prácticas de las cuales se han dado pruebas empíricas del impacto ambiental que generan. Por ejemplo, liberar el Trigo HB4 nada tiene que ver con una solución al problema de las sequías sino que solo conlleva a más asimetría de poder, más impacto sobre el suelo producto de la intervención humana, en los ecosistemas y la biodiversidad en los territorios. Por ende, más desmonte y más desertificación y mayor cantidad de glufosinato de amonio sin poder asegurar que no se provoque una contaminación cruzada por polinización.

Entendemos y alertamos a todas las autoridades investidas del Estado Argentino que toda autorización que habilite la comercialización de organismos genéticamente modificados en materia de monocultivo puede conllevar una violación internacional de las obligaciones asumidas por el Estado argentino mediante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro el 5.6.92 y aprobado por Ley N° 24.375. Por cuanto la Autorización de uso de estas especies exóticas en la escala y tipo de cultivo que se desarrolla en la Argentina riesgos para la biodiversidad toda y no se condice con la obligación de conservación derivada del art. 8 del mencionado instrumento:

g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;

h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;

Considerando que estas definiciones de políticas públicas se dirigen en la dirección opuesta a la tendencia mundial que promueve el paradigma de la soberanía alimentaria y resultan un ataque directo manifiesto al derecho de los pueblos a decidir qué alimentos producir, bajo qué condiciones y procesos y con qué lógicas de distribución y consumo.

Y que la ciencia digna no puede nunca ser onerosa para quienes contribuyen a la producción de alimentos y debe dirigirse a mejorar la alimentación de  semillas libres y accesibles para quienes  siempre han producido alimentos saludables.

La APDH hace un llamamiento público a dar cumplimiento con la obligación de:

“respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente (Inc. J)”

Exhortamos al Gobierno Nacional a:

Resguardar el derecho a la alimentación sana y segura respetando el libre derecho a sembrar y resguardar las semillas nativas;

Impulsar  un aumento en el acceso,  mejor distribución y mayor  regeneración de la tierra cultivable que asegure el trabajo campesino, la salud del suelo y el respeto por la Madre Tierra;

Reivindicar la producción agroecológica y su incompatibilidad con el modelo agroindustrial preservando así los bienes comunes esenciales y de todos los seres humanos que habitamos el planeta   como son la  tierra, el agua y el alimento  para la vida.

Es imprescindible que las políticas públicas para la agricultura y la producción de alimentos se desarrollen en absoluto respeto a los Derechos Humanos y no estén al servicio de los sectores privilegiados, los bancos o el pago de la deuda.