La Regional El Bolsón repudia, rechaza y alerta a la población de la existencia del proyecto de ley 576/2023
Con profunda indignación, nos hemos anoticiado de que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro ha ingresado un proyecto de ley 576/2023 en la legislatura, la mencionada provincia de cuyo texto surge la eliminación de la Justicia Civil, comercial, ambiental y de minería en esta localidad. Pretende con dicho proyecto modificar la competencia del juzgado número 11 de El Bolsón reduciéndolo exclusivamente a la competencia del fuero de familia.
De este modo, La localidad de El Bolsón, Ñorquinco, El Foyel, entre otros, se verían privados de acceder a la justicia, y de la posibilidad de contar con un Juez y un Juzgado cercano a su localidad para dirimir los conflictos que pudieran ser judicializados.
Como consecuencia el Acceso a La Justicia tan promocionado por el Gobierno de Río Negro, en su propaganda política no se corresponde con el mencionado proyecto de ley.
El Superior tribunal de Justicia de esta provincia, en una actitud flagrantemente inconstitucional pretende retrotraer la situación de los habitantes de El Bolsón, entre otras localidades, a una realidad pre-histórica.
Cabe mencionar que la creación y necesidad de la existencia de juzgados locales se encuentra prevista el Art. 22 inc. 5 de las Normas Complementarias de la Constitución provincial que data del año 1988. Y que la creación de un Juzgado Especial letrado de competencia ampliada se encontraba prevista en la mencionada normada para el año 1991.-
Sin embargo, luego de años de reclamos y pasados 26 años, se vino a dar cumplimiento con el mandato constitucional, al crear el Juzgado Multifuero Nª 11 de El Bolsón.
Todo esto, luego de haberse evidenciado la imperiosa necesidad de su existencia como consecuencia del exponencial crecimiento demográfico de la localidad.
Es impensado creer que dicha necesidad haya desaparecido. Pues, la creación del Juzgado local respondió a una necesidad poblacional, en cumplimiento con la Constitución Provincial y con los tratados internacionales.
Es paradójico que sea el propio Superior Tribunal de Justicia quien crea un proyecto de ley que es contrario a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial, y al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales suscripto por nuestro País.
Cabe aclarar que la regresividad en los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra prohibida por la ley.
En una sociedad, donde se profundiza el reconocimiento de los Derechos Humanos, podemos advertir un retroceso evolutivo por parte del Superior Tribunal de Justicia Provincial, quien en lugar de velar por el cumplimiento de estos derechos, los avasalla sin tener en cuenta la raigambre constitucional de los mismos.
En resumidas cuentas, es el propio poder judicial quien viola la Manda Constitucional, haciendo caso omiso a la existencia de las leyes que se presumen conocidas por todos.
No es dable pensar que es un “error” o una “omisión” del Poder Judicial, por el contrario se entiende que existe una decisión política, con el único objetivo de restringir los derechos de la ciudadanía, tales como el acceso a una tutela judicial efectiva, el principio de inmediación judicial y el acceso a la justicia indispensable para el adecuado funcionamiento de una república democrática.
Por todo esto, repudiamos, rechazamos y alertamos a la población de la existencia de este proyecto de ley que es un claro recorte a los Derechos del que todos somos poseedores.
