El 2 de abril se cumplen 3000 días de la arbitraria detención de la lideresa de la Tupac Amaru, Milagro Sala en la Provincia de Jujuy.  Trasladada a la ciudad de La Plata después de numerosos reclamos ante la Justicia nacional y ante Organismos Internacionales, para que finalmente pudiera ser tratada e intervenida quirúrgicamente ante su grave cuadro de salud. A hoy sigue convaleciente y es monitoreada por sus carceleros mediante una tobillera electrónica, a pesar de que es sabido que padece serios trastornos circulatorios en sus extremidades inferiores.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos queremos compartir algunas preocupaciones acuciantes que involucran al sector de Personas Adultas Mayores.

Desde la Presidencia de la Nación, se vertieron expresiones degradantes sobre las Personas Adultas Mayores que de ninguna manera pueden ser aceptadas y menos viniendo de personas públicas, ahora con cargos en el gobierno nacional.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudiamos la brutal agresión sufrida por una compañera integrante de H.I.J.O.S., nos solidarizamos con ella y exigimos a las autoridades competentes, investigación y castigo a todos los responsable de tamaño crimen.

Llamamos al conjunto del movimiento de DDHH y a la sociedad toda a estrechar filas para frenar esta escalada de violencia que pone en grave riesgo la convivencia pacífica y democrática de nuestro pueblo. 

La Lof (Comunidad) mapuche Coronado Inalef de Mallín Ahogado está a punto de ser desalojada de una parte de su territorio por la “Justicia” de Río Negro.

Hoy se daría cumplimiento a la orden del Juez Juan Pablo Laurence, que fuera ratificada por el Juez Juan Martín Arroyo. El encargado de hacer cumplir este nuevo atropello contra el pueblo mapuche será el Fiscal Francisco Arrien.

La APDH Regional Bariloche denuncia y hace de público conocimiento el atropello contra la Comunidad Coronado Inalef que en el día de la fecha está siendo desalojada ilegal y arbitrariamente por orden del fiscal  Francisco Arrien, utilizando la Ley de tierras fiscales 279, que intenta desconocer los derechos adquiridos por las comunidades indígenas en nuestra región.

Los organismos defensores de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra honda preocupación ante la posibilidad de que no sean renovados los contratos laborales de las y los trabajadores de los Sitios de Memoria Automotores Orletti, Club Atlético, Famaillá, Faro de la Memoria, El Olimpo, Regimiento de Infantería 9 y Virrey Cevallos -todos ellos ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio-.